Rafael Pardo por el liberalismo y Gustavo Petro por el Polo Democráctico Alternativo (PDA) resultaron favorecidos en una jornada electoral caracterizada por el abstencionismo.
Los seis aspirantes del Partido Liberal obtuvieron entre todos 1.368.534 votos, mientras que los dos del PDA sumaron 450.589, cifras muy por debajo de las expectativas de ambos partidos.
Pardo era el precandidato de ese partido que contaba con las mayores posibilidades de triunfo, por lo que su elección no causó sorpresa.
La elección que sí sorprendió fue la de Petro, quien se impuso al ex presidente y ex candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, quien había sido derrotado en las elecciones de 2006, en los que fue reelegido Uribe.
Uribe cuenta con una popularidad superior al 70%, en tanto que el 64% de los colombianos está a favor de que se presente para un tercer mandato, según una encuesta de la firma Invamer Gallup, divulgada a principios de septiembre.
Pese a que la candidatura de Uribe aún no es clara, Pardo y Petro coincidieron en pronunciarse en favor de una consulta interpartidista para escoger un candidato único capaz de enfrentar al mandatario en la urnas.
"Ningún partido tiene la oportunidad de ganar solo y de gobernar solo, exige coaliciones, alianzas", explicó Pardo. "Voy a buscar que esta fuerza del partido Liberal pueda liderar y generar posibilidades para conformar una nueva mayoría política en el país", agregó.
Por su parte, Petro anunció que "de nuevo me pondré el overol para salir a las calles de Colombia a ganar una nueva
consulta, muy posiblemente de carácter interpartidista".
sábado, 26 de septiembre de 2009
viernes, 18 de septiembre de 2009
Propuesta indecente - Revista Semana, Edición 1428, 12 de septiembre de 2009
La idea de modificar el censo electoral para bajar el umbral que requiere el referendo reeleccionista es inconveniente y le quitaría legitimidad.
Depurar el censo electoral es necesario, pero recortarlo explícitamente para que pase el referendo en las urnas, tendría poca presentación.
Hace una semana el senador Alfonso Valdivieso hizo una denuncia que escandalizó a periodistas, académicos y líderes de opinión. Palabras más, palabras menos, insistió en que el gobierno estaría buscando reducir el censo electoral para facilitar el paso por las urnas del referendo reeleccionista. "Todo parece indicar que incluirán esta propuesta en la ley estatutaria que reglamenta la reforma política", dijo.
En el Congreso y fuera de él, todo el mundo tomó en serio la denuncia de Valdivieso. Al fin y al cabo, la cuestionada votación de la conciliación del referendo, que permitió que este saliera invicto del Congreso, ratificó que en política todo es posible. Por si fuera poco, dejó ver que algunos sectores del uribismo están dispuestos a cualquier cosa con tal de que la segunda reelección se convierta en realidad.
¿Qué significa reducir el censo electoral y qué tan posible es? En plata blanca, este censo corresponde a la gente que puede votar, que en Colombia asciende a 29.457.190 personas. Según la ley, para que los votos de un referendo se puedan contar, este tiene que pasar un umbral que es la cuarta parte del potencial electoral. Eso se traduce en que, para que el referendo reeleccionista pase, se necesita que al menos 7.364.297 ciudadanos voten y que la mitad más uno de ellos lo haga a favor.
Es innegable la necesidad de depurar el censo electoral, tarea que no se hace en el país hace casi 20 años. El propio registrador nacional Carlos Ariel Sánchez ha insistido en ello y ha dicho que en la actualidad hay cerca de un millón de muertos que aún hacen parte del potencial electoral. A ellos se suman las cédulas de varios miles de miembros de la fuerza pública y de presos sindicados que, constitucionalmente, no pueden votar.
Pero una cosa es depurar el censo y otra es reducirlo a las patadas con fines electorales de coyuntura. No en vano sectores del gobierno y del uribismo estarían promoviendo que el año entrante sólo voten quienes lo hicieron en la elección presidencial de 2006 (12.041.737), más aquellos que se han cedulado desde entonces (cerca de cuatro millones). Eso supondría que el nuevo censo electoral sería cercano a 16 millones de votos de habitantes y que el umbral para pasar el referendo rondaría los cuatro millones de votos. De ellos, y para que la reelección se dé, la mitad más uno tendría que ser por el sí. Esto significa que, con esta fórmula, el referendo necesitaría la mitad de votos que se exige hoy día para que sea aprobado.
La senadora Elsa Gladys Cifuentes hizo esta propuesta hace 15 días. Así mismo, el ministro Valencia Cossio la mencionó en una reunión con la bancada uribista y se la sugirió, sin éxito, a Samuel Arrieta, presidente de la comisión primera del Senado. Lo que no consideraron, ni la parlamentaria ni el Ministro, es el carácter antidemocrático de la iniciativa: si esta se llevara a cabo, se quedarían por fuera del censo electoral alrededor de 14 millones de ciudadanos que -por alguna razón- no votaron en las elecciones de 2006.
El desespero de algunos uribistas por reducir el censo electoral se debe en parte a que el gobierno tuvo una mala experiencia con el referendo que promovió en 2003. En ese entonces, sólo una de 15 preguntas, la que declaraba la muerte política a los corruptos, tuvo los votos suficientes para pasar el umbral y ser aprobada. Inmediatamente el gobierno salió a culpar al censo electoral.
Así como es oportunista querer reducir el censo antes de que se vote el referendo reeleccionista, también lo es querer hacerlo en la ley estatutaria que reglamenta la reforma política y que se debate actualmente. No en vano esta lleva un mensaje de urgencia al Congreso y puede ser tramitada en la mitad del tiempo.
Los problemas para la ley podrían venir en le Corte Constitucional. Expertos como Juan Fernando Londoño, del Pnud, insisten en que no es legal modificar el censo en la ley estatutaria. En últimas, la reforma política se hizo sobre tres temas: financiación de los partidos, democracia interna de los mismos y sanciones a los que tengan miembros que hagan parte de la ilegalidad o estén relacionados con ella. "El censo electoral no cabría en esta ley", dice.
Políticos de diferentes orillas se han unido a las voces de académicos y líderes de opinión para rechazar la idea de reducir el censo en este momento. La semana pasada, las bancadas parlamentarias, el Polo Democrático y el Partido Liberal dejaron constancias en este sentido. Lo mismo hicieron uribistas como Samuel Arrieta y Armando Benedetti, quienes calificaron la propuesta de burda e indecorosa.
La ley que reglamenta la reforma política se comenzará a discutir en las próximas semanas. Depurar el censo electoral es necesario, pero tratar de reducirlo con maniobras seudojurídicas con fines claramente políticos es quitarle aún más legitimidad al referendo.
Depurar el censo electoral es necesario, pero recortarlo explícitamente para que pase el referendo en las urnas, tendría poca presentación.
Hace una semana el senador Alfonso Valdivieso hizo una denuncia que escandalizó a periodistas, académicos y líderes de opinión. Palabras más, palabras menos, insistió en que el gobierno estaría buscando reducir el censo electoral para facilitar el paso por las urnas del referendo reeleccionista. "Todo parece indicar que incluirán esta propuesta en la ley estatutaria que reglamenta la reforma política", dijo.
En el Congreso y fuera de él, todo el mundo tomó en serio la denuncia de Valdivieso. Al fin y al cabo, la cuestionada votación de la conciliación del referendo, que permitió que este saliera invicto del Congreso, ratificó que en política todo es posible. Por si fuera poco, dejó ver que algunos sectores del uribismo están dispuestos a cualquier cosa con tal de que la segunda reelección se convierta en realidad.
¿Qué significa reducir el censo electoral y qué tan posible es? En plata blanca, este censo corresponde a la gente que puede votar, que en Colombia asciende a 29.457.190 personas. Según la ley, para que los votos de un referendo se puedan contar, este tiene que pasar un umbral que es la cuarta parte del potencial electoral. Eso se traduce en que, para que el referendo reeleccionista pase, se necesita que al menos 7.364.297 ciudadanos voten y que la mitad más uno de ellos lo haga a favor.
Es innegable la necesidad de depurar el censo electoral, tarea que no se hace en el país hace casi 20 años. El propio registrador nacional Carlos Ariel Sánchez ha insistido en ello y ha dicho que en la actualidad hay cerca de un millón de muertos que aún hacen parte del potencial electoral. A ellos se suman las cédulas de varios miles de miembros de la fuerza pública y de presos sindicados que, constitucionalmente, no pueden votar.
Pero una cosa es depurar el censo y otra es reducirlo a las patadas con fines electorales de coyuntura. No en vano sectores del gobierno y del uribismo estarían promoviendo que el año entrante sólo voten quienes lo hicieron en la elección presidencial de 2006 (12.041.737), más aquellos que se han cedulado desde entonces (cerca de cuatro millones). Eso supondría que el nuevo censo electoral sería cercano a 16 millones de votos de habitantes y que el umbral para pasar el referendo rondaría los cuatro millones de votos. De ellos, y para que la reelección se dé, la mitad más uno tendría que ser por el sí. Esto significa que, con esta fórmula, el referendo necesitaría la mitad de votos que se exige hoy día para que sea aprobado.
La senadora Elsa Gladys Cifuentes hizo esta propuesta hace 15 días. Así mismo, el ministro Valencia Cossio la mencionó en una reunión con la bancada uribista y se la sugirió, sin éxito, a Samuel Arrieta, presidente de la comisión primera del Senado. Lo que no consideraron, ni la parlamentaria ni el Ministro, es el carácter antidemocrático de la iniciativa: si esta se llevara a cabo, se quedarían por fuera del censo electoral alrededor de 14 millones de ciudadanos que -por alguna razón- no votaron en las elecciones de 2006.
El desespero de algunos uribistas por reducir el censo electoral se debe en parte a que el gobierno tuvo una mala experiencia con el referendo que promovió en 2003. En ese entonces, sólo una de 15 preguntas, la que declaraba la muerte política a los corruptos, tuvo los votos suficientes para pasar el umbral y ser aprobada. Inmediatamente el gobierno salió a culpar al censo electoral.
Así como es oportunista querer reducir el censo antes de que se vote el referendo reeleccionista, también lo es querer hacerlo en la ley estatutaria que reglamenta la reforma política y que se debate actualmente. No en vano esta lleva un mensaje de urgencia al Congreso y puede ser tramitada en la mitad del tiempo.
Los problemas para la ley podrían venir en le Corte Constitucional. Expertos como Juan Fernando Londoño, del Pnud, insisten en que no es legal modificar el censo en la ley estatutaria. En últimas, la reforma política se hizo sobre tres temas: financiación de los partidos, democracia interna de los mismos y sanciones a los que tengan miembros que hagan parte de la ilegalidad o estén relacionados con ella. "El censo electoral no cabría en esta ley", dice.
Políticos de diferentes orillas se han unido a las voces de académicos y líderes de opinión para rechazar la idea de reducir el censo en este momento. La semana pasada, las bancadas parlamentarias, el Polo Democrático y el Partido Liberal dejaron constancias en este sentido. Lo mismo hicieron uribistas como Samuel Arrieta y Armando Benedetti, quienes calificaron la propuesta de burda e indecorosa.
La ley que reglamenta la reforma política se comenzará a discutir en las próximas semanas. Depurar el censo electoral es necesario, pero tratar de reducirlo con maniobras seudojurídicas con fines claramente políticos es quitarle aún más legitimidad al referendo.
jueves, 10 de septiembre de 2009
Rafael Pardo presentó su propuesta agrícola - El Tiempo, 10 de septiembre de 2009
"Transformar el uso de las tierras con vocación productiva es el reto de la agricultura colombiana para los próximos años", consideró el precandidato liberal durante la presentación de su propuesta.
El evento, que hizo parte de la gira denominada 'Pardo con Todos', se realizó en el Parque Infantil de Villavicencio, donde el ex ministro de defensa explicó algunos puntos propios del sector agropecuario.
La agrícola, es la séptima propuesta que presentó Pardo a los colombianos, luego de haber lanzado, en distintas regiones del país, las correspondientes a salud, educación, desarrollo regional, política anti-corrupción, protección social y paz.El aspirante presidencial destacó la creación de un banco de tierras, además del aumento en tres millones de hectáreas las tierras de uso agrícola. También mencionó el fomento del microcrédito rural y el poder facilitar la incorporación de las tierras a proyectos productivos.
"La Agricultura sólo ocupa 4.5 millones de hectáreas, que apenas representa menos del 9% del total de la tierra productiva, pero existen más de 20 millones con potencial agrícola", señaló.
Para él, una de sus "metas" es lograr incrementar en tres millones de hectáreas la superficie dedicada al uso agrícola.
"Este esfuerzo para ampliar las tierras dedicadas a la agricultura, estará acompañado con medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población rural", concluyó.
El evento, que hizo parte de la gira denominada 'Pardo con Todos', se realizó en el Parque Infantil de Villavicencio, donde el ex ministro de defensa explicó algunos puntos propios del sector agropecuario.
La agrícola, es la séptima propuesta que presentó Pardo a los colombianos, luego de haber lanzado, en distintas regiones del país, las correspondientes a salud, educación, desarrollo regional, política anti-corrupción, protección social y paz.El aspirante presidencial destacó la creación de un banco de tierras, además del aumento en tres millones de hectáreas las tierras de uso agrícola. También mencionó el fomento del microcrédito rural y el poder facilitar la incorporación de las tierras a proyectos productivos.
"La Agricultura sólo ocupa 4.5 millones de hectáreas, que apenas representa menos del 9% del total de la tierra productiva, pero existen más de 20 millones con potencial agrícola", señaló.
Para él, una de sus "metas" es lograr incrementar en tres millones de hectáreas la superficie dedicada al uso agrícola.
"Este esfuerzo para ampliar las tierras dedicadas a la agricultura, estará acompañado con medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población rural", concluyó.
viernes, 4 de septiembre de 2009
Conservadores ratificarán al Consejo Electoral su decisión de no elegir candidato este año - El Tiempo, 4 de septiembre de 2009
El presidente del partido, Efraín Cepeda, confirmó que la decisión del partido "sigue en firme", pese a que el Consejo suspendió la resolución en que la Dirección Conservadora tomó la determinación.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio un plazo de tres días a la Dirección Conservadora para argumentar su decisión.
Cepeda agregó que "el próximo martes el Directorio presentará sus argumentos al Consejo Electoral para demostrar que es perfectamente factible hacer esa consulta el año entrante, junto a las elecciones parlamentarias".
El pasado 26 de agosto, la DNC anunció su determinación de "no participar de la consulta popular prevista para el 27 de septiembre para elegir candidato a la Presidencia de la República".
Sin embargo, la dirección azul anunció que si, por cualquier motivo, el presidente Álvaro Uribe no puede o no quiere presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales, "el Partido mantendrá su intención de participar en dichos comicios con un candidato propio, que sería elegido el próximo año mediante el mecanismo de consulta popular".
El secretario de la colectividad, Benjamín Higuita, se reunió ayer con los asesores jurídicos del Partido para preparar la argumentación que le entregarán al CNE.
Según Higuita, el argumento principal es que no se trata de una cancelación sino de un aplazamiento de la elección de candidato propio a la Presidencia.
No obstante, los azules participarán en la elección del 27 de septiembre con la selección de candidatos a la Cámara de Representantes en al menos diez departamentos delpaís.
Adicionalmente, Higuita dijo que "la decisión se tomó porque parecía contradictorio que el Partido Conservador fuera a realizar una consulta popular para elegir candidato presidencial y al mismo tiempo apoyara el referendo".
El aspirante presidencial Andrés Felipe Arias afirmó, por su parte, que la resolución del CNE ratifica lo equivocada que fue la decisión del Directorio Nacional Conservador de aplazar la consulta.
Aseguró también que entrará en un periodo de conversaciones con los parlamentarios que lo apoyan, con líderes regionales y con el presidente Uribe para decidir el camino que tomará su aspiración.
"Estoy estudiando rigurosamente esta situación y antes de tres días no tomaré ninguna determinación", agregó.
Entre tanto, la ex embajadora en Londres Noemí Sanín, a quien la Dirección Conservadora la había ofrecido participar en su consulta interna, dijo que, por ahora, no se pronunciará al respecto.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio un plazo de tres días a la Dirección Conservadora para argumentar su decisión.
Cepeda agregó que "el próximo martes el Directorio presentará sus argumentos al Consejo Electoral para demostrar que es perfectamente factible hacer esa consulta el año entrante, junto a las elecciones parlamentarias".
El pasado 26 de agosto, la DNC anunció su determinación de "no participar de la consulta popular prevista para el 27 de septiembre para elegir candidato a la Presidencia de la República".
Sin embargo, la dirección azul anunció que si, por cualquier motivo, el presidente Álvaro Uribe no puede o no quiere presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales, "el Partido mantendrá su intención de participar en dichos comicios con un candidato propio, que sería elegido el próximo año mediante el mecanismo de consulta popular".
El secretario de la colectividad, Benjamín Higuita, se reunió ayer con los asesores jurídicos del Partido para preparar la argumentación que le entregarán al CNE.
Según Higuita, el argumento principal es que no se trata de una cancelación sino de un aplazamiento de la elección de candidato propio a la Presidencia.
No obstante, los azules participarán en la elección del 27 de septiembre con la selección de candidatos a la Cámara de Representantes en al menos diez departamentos delpaís.
Adicionalmente, Higuita dijo que "la decisión se tomó porque parecía contradictorio que el Partido Conservador fuera a realizar una consulta popular para elegir candidato presidencial y al mismo tiempo apoyara el referendo".
El aspirante presidencial Andrés Felipe Arias afirmó, por su parte, que la resolución del CNE ratifica lo equivocada que fue la decisión del Directorio Nacional Conservador de aplazar la consulta.
Aseguró también que entrará en un periodo de conversaciones con los parlamentarios que lo apoyan, con líderes regionales y con el presidente Uribe para decidir el camino que tomará su aspiración.
"Estoy estudiando rigurosamente esta situación y antes de tres días no tomaré ninguna determinación", agregó.
Entre tanto, la ex embajadora en Londres Noemí Sanín, a quien la Dirección Conservadora la había ofrecido participar en su consulta interna, dijo que, por ahora, no se pronunciará al respecto.
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